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Mientras para los estadounidenses no era un asunto negociable, los representantes colombianos, que tenían instrucciones de buscar algún tipo de concesión en un tema tan sensible, no se dieron por vencidos y plantearon una fórmula intermedia: que los delitos cometidos por personal estadounidense en desarrollo de sus funciones en Colombia fueran instruidos en el país por funcionarios judiciales de Estados Unidos destacados en la Embajada, reveló la revista colombiana Cambio.

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