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La destitución e  inhabilitación por diez años  decidida  por la Procuraduría General de la Nación contra  dos agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de Bogotá, Esmad, por su responsabilidad en  el asesinato a golpes del  joven   Nicolás Neira, ocurrido durante  las manifestaciones del primero de mayo en el año 2005, si bien es un paso importante del Ministerio público, no es suficiente en el camino de la búsqueda de la justicia y el castigo ejemplar  con cárcel a los uniformados responsables de esas conductas criminales.

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